Es habitual que las sociedades de capital, por motivos económicos, financieros o jurídicos, se vean obligadas a ir adaptando sus estatutos sociales a las concretas circunstancias en las que se ven envueltas a lo largo de su existencia.
La modificación de los estatutos sociales de las sociedades de capital está regulada en la Ley de Sociedades de Capital que, con carácter general, establece algunos requisitos de forma y publicidad que deben concurrir para que el accionista, y en su caso los acreedores sociales, queden en todo caso protegidos.
Así, con carácter general, establece la Ley que la competencia para llevar a cabo cualquier modificación de los estatutos corresponde a la Junta General. Ahora bien, corresponde a los administradores de la sociedad, o en su caso a aquellos socios que propongan la modificación, a quienes corresponda redactar la propuesta.
Una vez convocada la Junta General, todos los socios tendrán derecho a examinar el texto íntegro de la modificación propuesta o de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento, protegiéndose con ello el derecho de información del accionista.
Si se alcanza el acuerdo de modificación de los estatutos sociales, se deberá hacer constar en escritura pública, que se inscribirá en el Registro Mercantil y se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Además de estos requisitos generales, se establecen algunas otras reglas especiales para la modificación de determinadas menciones estatutarias, también con el ánimo de proteger el derecho de los accionistas y acreedores, y de limitar el poder de la mayoría. La mayoría de esas reglas especiales tienen que ver con el consentimiento de aquellos socios o accionistas a los que afecte la modificación.
Los dos tipos de modificación de los estatutos más habituales son el aumento y la reducción de capital, que entraremos a analizar con mayor profundidad en otra ocasión.
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